El concepto de  Justicia  Social  surge  a  mediados  del  siglo  XIX para  referirse  a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo.

El Día Mundial de la Justicia Social es declarado el 20 de febrero por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 reconociendo que la atención del desarrollo social y justicia social son indispensables para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad, adoptando la Organización Internacional del Trabajo por unanimidad la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008 basada en el Trabajo Decente y en la perspectiva productiva destacando la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.

Un tercio de la población de España y el 51% de la población infantil de Andalucía vive en riesgo de pobreza  o exclusión  social, según  los datos del informe emitido por  Oxfam Intermón en enero del 2016, la que está ya mismo en una situación de pobreza grave, padeciendo una privacidad material severa.

La disparidad salarial sigue aumentando, teniendo el 1% de la población más rica de España la misma riqueza que el 80% más pobre. España también falla en protección legal y económica de las familias, según el Consejo Europeo e "incumple la Carta de Derechos Sociales", igualmente alega que “Los salarios de los trabajadores jóvenes no son justos”, debiendo de enviar más información sobre: la prohibición de contratación de personas susceptibles de recibir enseñanza obligatoria, ilegalidad del despido durante la baja de maternidad y garantías en lo que se refiere a la deportación.

Por ello, CSIF, como organización socialmente responsable, se une a la celebración del Día Internacional de la Justicia Social para participar activamente en la lucha por el derecho a un Trabajo Decente y a participar en la actividad pública como vehículo para crear democracias estables, exigiendo a los distintos gobiernos y administraciones que actúen para conseguir políticas efectivas que favorezcan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad y elimine la pobreza y la exclusión social, exigiendo un Plan de Choque para ello.

Del mismo modo, CSIF entiende que tenemos ante nosotros un gran reto de transformación en la sociedad  y en las  empresas, por  lo que seguiremos promoviendo y apoyando todas las iniciativas en cualquier campo que fomente la creación de empleo digno, que favorezca la promoción personal, familiar y social de cada persona en activo de nuestra comunidad.