domingo, 30 de abril de 2017
En
los últimos meses, hemos participado en la negociación de un acuerdo en materia
de empleo público que permitirá la convocatoria en los próximos 3 años de más
de 260.000 plazas en las distintas Administraciones Públicas.
Esta
oferta tiene un carácter histórico por el volumen de plazas, garantizado con
ello el sostenimiento de los servicios públicos y a la vez mejorando las
condiciones laborales a miles de trabajadores que hasta ahora venían prestando
una labor esencial en ámbitos como educación, sanidad o servicios sociales, con
contratos en precario y un esfuerzo y dedicación ejemplares.
CSIF
ha sido actor principal y pieza fundamental de este acuerdo y por ello nos
congratulamos. Sin embargo, ha llegado el momento de dar un paso más para
que todos los empleados públicos y los trabajadores de nuestro país vuelvan a
la situación preexistente a la crisis y vean compensados los esfuerzos que
han realizado en los últimos años.
Los
datos macroeconómicos de los dos últimos años evidencian una clara tendencia en
la recuperación económica, con un papel destacado de España, dentro del entorno
europeo. Sin embargo, estos datos no se corresponden con la situación de
dificultad que todavía atraviesan amplios sectores de nuestra ciudadanía.
Los
empleados públicos en particular y los trabajadores por cuenta ajena en
general, siguen sufriendo los efectos y los avatares que, injustamente hemos
sufrido con la excusa de la crisis.
El
Estado debe garantizar nuestro modelo social mediante el establecimiento de
unos servicios públicos suficientes, universales, gratuitos y eficientes como
fuente de desarrollo económico, creación de empleo y cohesión social. Los
ciudadanos de nuestro país deben recuperar la posición dentro del Estado de
Bienestar y de Justicia Social que merecen. Las instituciones tienen la
obligación de proporcionárselo y nuestros representantes políticos están
obligados a recuperar el crédito y la confianza que tan merecidamente han
perdido por su ambición desmedida de poder en muchos casos, la avaricia
económica en otros, y la mediocre gestión de su representación que, por lo
general, antepone el interés del partido al de los ciudadanos, perjudicando
gravemente los servicios básicos y creando brechas sociales inasumibles en una
sociedad avanzada.
Es
la hora de avanzar en un gran acuerdo retributivo que nos situe en la senda de
no pérdida de poder adquisitivo y que a la vez nos permita en varios años
recuperar la estructura salaria preexistente a la crisis económica.
Los
empleados públicos no podemos resignarnos. Debemos recuperar la estructura
salarial del año 2010 previa al gran recorte salarial, y las pagas extras
íntegras. Además, reclamamos una cláusula de revisión salarial que
mantenga el poder adquisitivo de las retribuciones. Sabemos que los
salarios no han sido los culpables de la crisis, y todos los trabajadores
tenemos derecho a un salario digno que nos permita avanzar y vivir mejor.
Para
que nos hagamos una idea de la contundente dureza con la que ha sido tratado el
mercado laboral; un tercio de los asalariados (34%), más de 5,7 millones,
cobran menos de 645 Euros. La crisis nos deja una evolución precaria de los
mileuristas hacia cotas por debajo del SMI. Y aunque esta precariedad la sufren
todos los tramos de edad, son los más jóvenes los principales perjudicados, de
tal modo que el 75% de los jóvenes con empleo, están por debajo del SMI.
España
además es el sexto país con mayor brecha salarial de género entre los 28
Estados miembros de la Unión, por encima de la media de la zona euro (16,5% de
desfase salarial) y de la UE (16,1%). Por ello se hace necesario un desarrollo
efectivo de la Ley de Igualdad que corrija esta situación.
En
2013, el Banco de España se permitió el lujo de recomendar contratar por debajo
del SMI; sin embargo, ahora que la economía crece, no escuchamos a nadie decir
que se suban los salarios por encima del IPC, con lo que seguimos acumulando
precariedad y ampliando brechas salarias.
Un
sin fin de razones hacen necesario, ahora más que nunca, una representación
laboral comprometida, seria y transparente, con planteamientos reivindicativos
de corte moderno y profesional, sin
ambigüedades
ni ataduras ideológicas ni económicas, con plena independencia para negociar la
verdadera recuperación del mundo laboral español.
CSIF
cumple todos los requisitos para actuar como alternativa sindical a las
organizaciones tradicionales, con la profesionalidad y la independencia
necesarias para acometer los compromisos que la sociedad exige de una
organización sindical, cuya principal misión es la defensa del interés general
de todos los trabajadores.
CSIF es una organización sin posicionamientos políticos y
con plena independencia económica,
‘INDEPENDENCIA’ con mayúsculas por la que sólo nos debemos a nuestros
afiliados.
jueves, 27 de abril de 2017
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más
representativo de las administraciones públicas y con presencia creciente en el
sector privado, conmemora este 28 de abril 2017 Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo con el tema elegido por la OIT “Optimizar la
compilación y el uso de los datos sobre Seguridad y salud en el trabajo (SST)” con
el objetivo de crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias
de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo,
colocando la salud y la seguridad de los trabajadores entre las prioridades de
las agendas internacionales y apoyando la actuación a todos los niveles.
En la
medida en que los datos sobre accidentes y enfermedades relacionados con el
trabajo son esenciales para la prevención, hay una urgente necesidad de mejorar
los sistemas de registro y notificación, así como la recopilación y análisis de
datos sobre SST a nivel nacional. Esto proporcionaría a los países indicadores
más fidedignos de la eficacia de los sistemas nacionales de SST y les ayudaría
a priorizar cuáles problemas de SST deberían recibir los recursos, a veces
escasos, necesarios para resolverlos.
La
armonización de los sistemas nacionales de registro y notificación permitiría
la recopilación y el análisis de los datos con fines de prevención, ya que en
la actualidad el panorama existente en España es que tenemos diferentes
sistemas de registro de siniestralidad laboral como son el Sistema Delt@ y
el CEPROSS al que notifican los trabajadores con las contingencias cubiertas
por la Seguridad Social, mientras que los empleados públicos que tienen
cubiertas las contingencias cubiertas por MUFACE, MUGEJU e ISFAS comunican por
otros sistemas de registro.
¿Esto
que supone?
• No se unifican los datos recogidos en los distintos
registros, por lo que no existen datos globales de la siniestralidad laboral
que incluya a todos los españoles: por tanto, en las Estadísticas de
siniestralidad laboral nacionales publicadas los empleados públicos son
prácticamente invisibles.
• Las mutualidades de los empleados públicos no
publican un estudio estadístico de siniestralidad laboral; lo que supone una
gran dificultad para conocer la situación y poder realizar una adecuada gestión
de la prevención de riesgos laborales en la Administración Pública.
• Las causas y situaciones peligrosas derivadas de la
investigación de los accidentes laborales de los empleados públicos tampoco se
tienen en cuenta a la hora de valorar los resultados y programar medidas
preventivas en los planes y políticas de seguridad y salud nacionales.
A
esto se suma la dificultad en el acceso a los datos de siniestralidad laboral,
entre otros temas, limitando así el derecho a la información del resto de
organizaciones sindicales, ya que solo siendo miembro de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo se consigue la información en tiempo y forma
adecuada.
En el año 2016 se produjeron 555.722 accidentes de
trabajo con baja, un 5,0% más que los ocurridos en 2015 (que ya
habían aumentado un 7,6% con respecto a 2014). Nuevamente se confirma la
continuidad del crecimiento de los accidentes laborales y enfermedades
causadas por el trabajo a consecuencia del deterioro de las condiciones
laborales, la ineficacia de los sistemas de prevención existentes y la poca
implicación política al respecto.
Además, CSIF, ante el desconocimiento detectado
entre los trabajadores sobre los accidentes laborales y los trámites
relacionados con los mismos, aprovecha este Día Mundial para lanzar una nueva
publicación para informarles y concienciando con el lema “Cuida Tu Salud,
Notifica tu Accidente Laboral”.
CSIF vela y
defiende la seguridad y salud de los trabajadores como principio fundamental en
el entorno laboral, por ello:
• Insta a la Administración para establecer un único
Sistema Nacional de Registro y Notificación que trate de manera conjunta la
siniestralidad laboral en España que sustituya a los actuales.
• Solicita sistemas de información de fácil acceso
para todos, fiables y transparentes que permitan una planificación e
implementación de medida de mejora de la SST derivadas de su análisis.
• Establecer una buena comunicación y coordinación
entre las autoridades, entidades públicas y privadas que proporcionen una
incorporación de datos coherente, fiable y ágil.
• Solicita formación específica a los Médicos de
Familia de atención primaria (INSS), que se ocupan en parte del diagnóstico y
seguimiento de las bajas laborales y de la posible detección síntomas de
futuras enfermedades profesionales o enfermedades derivadas del trabajo.
• Actualización del cuadro de enfermedades profesionales
y su revisión periódica.
• Para la reducción de la siniestralidad laboral reclama
políticas preventivas eficaces, dotación de presupuestos para su cumplimiento,
mayores sanciones por incumplimiento, y aumento de la actividad de la
Inspección de Trabajo
LO QUE NO SE NOTIFICA, NO EXISTE
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