domingo, 30 de abril de 2017
En
los últimos meses, hemos participado en la negociación de un acuerdo en materia
de empleo público que permitirá la convocatoria en los próximos 3 años de más
de 260.000 plazas en las distintas Administraciones Públicas.
Esta
oferta tiene un carácter histórico por el volumen de plazas, garantizado con
ello el sostenimiento de los servicios públicos y a la vez mejorando las
condiciones laborales a miles de trabajadores que hasta ahora venían prestando
una labor esencial en ámbitos como educación, sanidad o servicios sociales, con
contratos en precario y un esfuerzo y dedicación ejemplares.
CSIF
ha sido actor principal y pieza fundamental de este acuerdo y por ello nos
congratulamos. Sin embargo, ha llegado el momento de dar un paso más para
que todos los empleados públicos y los trabajadores de nuestro país vuelvan a
la situación preexistente a la crisis y vean compensados los esfuerzos que
han realizado en los últimos años.
Los
datos macroeconómicos de los dos últimos años evidencian una clara tendencia en
la recuperación económica, con un papel destacado de España, dentro del entorno
europeo. Sin embargo, estos datos no se corresponden con la situación de
dificultad que todavía atraviesan amplios sectores de nuestra ciudadanía.
Los
empleados públicos en particular y los trabajadores por cuenta ajena en
general, siguen sufriendo los efectos y los avatares que, injustamente hemos
sufrido con la excusa de la crisis.
El
Estado debe garantizar nuestro modelo social mediante el establecimiento de
unos servicios públicos suficientes, universales, gratuitos y eficientes como
fuente de desarrollo económico, creación de empleo y cohesión social. Los
ciudadanos de nuestro país deben recuperar la posición dentro del Estado de
Bienestar y de Justicia Social que merecen. Las instituciones tienen la
obligación de proporcionárselo y nuestros representantes políticos están
obligados a recuperar el crédito y la confianza que tan merecidamente han
perdido por su ambición desmedida de poder en muchos casos, la avaricia
económica en otros, y la mediocre gestión de su representación que, por lo
general, antepone el interés del partido al de los ciudadanos, perjudicando
gravemente los servicios básicos y creando brechas sociales inasumibles en una
sociedad avanzada.
Es
la hora de avanzar en un gran acuerdo retributivo que nos situe en la senda de
no pérdida de poder adquisitivo y que a la vez nos permita en varios años
recuperar la estructura salaria preexistente a la crisis económica.
Los
empleados públicos no podemos resignarnos. Debemos recuperar la estructura
salarial del año 2010 previa al gran recorte salarial, y las pagas extras
íntegras. Además, reclamamos una cláusula de revisión salarial que
mantenga el poder adquisitivo de las retribuciones. Sabemos que los
salarios no han sido los culpables de la crisis, y todos los trabajadores
tenemos derecho a un salario digno que nos permita avanzar y vivir mejor.
Para
que nos hagamos una idea de la contundente dureza con la que ha sido tratado el
mercado laboral; un tercio de los asalariados (34%), más de 5,7 millones,
cobran menos de 645 Euros. La crisis nos deja una evolución precaria de los
mileuristas hacia cotas por debajo del SMI. Y aunque esta precariedad la sufren
todos los tramos de edad, son los más jóvenes los principales perjudicados, de
tal modo que el 75% de los jóvenes con empleo, están por debajo del SMI.
España
además es el sexto país con mayor brecha salarial de género entre los 28
Estados miembros de la Unión, por encima de la media de la zona euro (16,5% de
desfase salarial) y de la UE (16,1%). Por ello se hace necesario un desarrollo
efectivo de la Ley de Igualdad que corrija esta situación.
En
2013, el Banco de España se permitió el lujo de recomendar contratar por debajo
del SMI; sin embargo, ahora que la economía crece, no escuchamos a nadie decir
que se suban los salarios por encima del IPC, con lo que seguimos acumulando
precariedad y ampliando brechas salarias.
Un
sin fin de razones hacen necesario, ahora más que nunca, una representación
laboral comprometida, seria y transparente, con planteamientos reivindicativos
de corte moderno y profesional, sin
ambigüedades
ni ataduras ideológicas ni económicas, con plena independencia para negociar la
verdadera recuperación del mundo laboral español.
CSIF
cumple todos los requisitos para actuar como alternativa sindical a las
organizaciones tradicionales, con la profesionalidad y la independencia
necesarias para acometer los compromisos que la sociedad exige de una
organización sindical, cuya principal misión es la defensa del interés general
de todos los trabajadores.
CSIF es una organización sin posicionamientos políticos y
con plena independencia económica,
‘INDEPENDENCIA’ con mayúsculas por la que sólo nos debemos a nuestros
afiliados.
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