martes, 21 de noviembre de 2017
La temporalidad del 30% no es real, hay temporales en empleos fijos, y eso es ilegal.
El presidente de Adecco en España carga contra las empresas multiservicios: "Son ETTs de bajo coste"
La Secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, ha trasladado a las organizaciones sindicales la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 y llevar a cabo el acuerdo en materia de empleo público alcanzado antes de que se interrumpieran las conversaciones, como consecuencia de la crisis institucional en Cataluña.
El Gobierno mantiene la viabilidad de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos donde incluiría la subida salarial y el acuerdo de estabilización del empleo público. Si no fuera posible se haría a través de otras fórmulas legales.
CSIF trasladó el pasado mes de octubre su más absoluto rechazo a la congelación salarial, después de que el Gobierno enviara a Bruselas un plan presupuestario para 2018, en el que se incluía este supuesto. También le hemos trasladado que consideramos muy insuficiente la subida propuesta del 1,5% (Hacienda ha retomado la negociación a partir de la última propuesta que realizó en septiembre), teniendo en cuenta que se ha perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años.
CSIF, por responsabilidad, mantendrá su voluntad de negociación mientras se estén negociando los presupuestos, con el fin de alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la crisis.
Respecto a la oferta de empleo público, Hacienda ha aceptado extender el acuerdo de estabilidad de Interinos al conjunto de las Administraciones (hasta ahora solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia), una tasa de reposición del 100 por cien a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local.
Además, para CSIF, es fundamental la recuperación de las 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales (como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid).
CSIF también defiende la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las Comunidades autónomas que, de media, son un 25 por ciento superiores.
sábado, 18 de noviembre de 2017
miércoles, 1 de noviembre de 2017
Estos contratos se tienen que utilizar únicamente para obras o servicios que tenga autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. No se pueden utilizar para contratar a trabajadores que tengan las mismas funciones y actividad que los trabajadores con contratos indefinidos en la empresa. En ocasiones, el Convenio Colectivo aplicable establece un listado de los trabajos o tareas tienen esta autonomía y sustantividad propia y que se pueden cubrir con contratos de obra y servicio.
El contrato por obra o servicio se formaliza por escrito y debe identificar suficientemente la obra o el servicio que constituya su objeto, su duración y el trabajo a desarrollar. Puede concertarse a tiempo completo o parcial. Su duración será la del tiempo necesario para la realización de ese servicio, no pudiendo superar los 3 años, ampliables 12 meses más por Convenio. Si transcurre el plazo sin que haya finalizado, los trabajadores pasarán a ser indefinidos.
No hacer el contrato por escrito o no indicar la obra o el servicio de la forma correcta, implica que el contrato sea considerado indefinido .
A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 12 días de salario por año de servicio.
CSIF denuncia las cosas que pasan en ISDEFE, una empresa que pertenece al Ministerio de Defensa donde esos sueldos no son el único problema, sino que cada día se invierte menos en I+D con 6,8 millones de beneficio en 2016. La gran contradicción es que esta empresa se encarga de realizar los sistemas para de la defensa de España.
En una empresa pública como ISDEFE, que pertenece al Ministerio de Defensa, CSIF denuncia que no se respeta la experiencia: hay ingenieros que, después de 10 años de antigüedad, siguen con categoría junior y sueldos que apenas superan los 1.300 € mensuales. Nuestro sindicato, incluso, va más allá, incapaz de entender “la descapitilización de la empresa en términos de conocimiento”, ya que en 2016 abandonó ISDEFE el 10% de la plantilla mientras que en los meses, que llevamos de 2017, este porcentaje asciende por encima del 14%.
La contradición es que ISDEFE es una de esas empresas públicas que ha sorteado la crisis sin dejar de dar beneficios. Es más, su situación económica es muy saneada. Los beneficios llegaron hasta los 6,8 millones en 2016. Pero el diagnóstico, que realiza CSIF, no sólo habla de “salarios y carrera profesional congelados”; de “una preocupación por el relevo generacional que no se está produciendo”, o de “escasos avances e, incluso, retrocesos en prevención, formación, conciliación e igualdad”. También de una clamorosa caída de la inversión en I+D, algo que se estima fundamental en una empresa para la defensa de España y que pasó de 3,4 millones en 2015 a menos de la mitad en 2016, 1,35 millones
¿Qué sentido tiene esto en una empresa pública que supera los 30 años de vida? La realidad es que CSIF denuncia “la desidia y cortedad de miras del equipo directivo, creando o agravando esos males”, incapaz de aportar soluciones a los problemas específicos de ISDEFE que, a juicio de nuestro sindicato, también pueden resumirse así: “Graves problemas de comunicación interna, falta de procedimientos, instrucciones confusas, contradictorias, y raramente compartidas ni siquiera por los mandos intermedios (“instrucciones” en las que muchas veces no figura el logo de la empresa, cuanto menos firma del responsable y código interno de procedimiento), desavenencias con los clientes, y nula visión estratégica". Y así pasa que ISDEFE actualmente tampoco dispone de "un Plan Estratégico trianual, al que como Empresa Pública Estatal, estamos obligados por Ley”.
¿Donde esta la promoción profesional?
CSIF recuerda que la promoción profesional es uno de los derechos recogidos en el Estatuto Básico de la Función Pública en el que se fijan las condiciones de ascenso basadas siempre en “los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, en nuestro sector asistimos, a menudo, a conversaciones con nuestros delegados sindicales en empresas públicas, entre las que podríamos citar a ISDEFE o a FUNDAE en las que casi nunca falla esta pregunta: “¿Dónde está la promoción profesional?” Pero, por más que la exige nuestro sindicato, no es fácil llegar a la respuesta, porque no la hay. Son empresas en las que no existe esa promoción.
La pregunta, incluso, podría ser más agresiva: ¿cómo es posible que haya empresas que no valoren los esfuerzos de sus trabajadores por formarse? Máxime porque en estos dos casos concretos hablamos de ISDEFE, que es una empresa que se dedica a la ingeniería de sistemas para la defensa de España, y de FUNDAE, que es la Fundación Estatal para la formación en el empleo. Por lo tanto, son entidades que deberían ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Sin embargo, CSIF constata que “esos planes de carrera de los distintos colectivos, en los que se reconoce una promoción profesional basada en años de experiencia y rendimiento adecuado, de acuerdo con la evaluación de los responsables”, no se llevan a cabo y que de esta manera no se respeta un derecho básico de los trabajadores.
De ahí que nuestro sindicato exija que esta lucha llegue ya al final y que, además, sea un final feliz: la motivación del empleado es innegociable para CSIF. Sea una promoción horizontal o vertical, no podemos encontrarnos con empleados que llevan seis años esperando que se cumpla la promesa de la dirección para promocionarlos.
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